03 de Junio de 2008
La reforma a la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros forma parte del paquete de instrumentos legales que saldrán vía Habilitante. Aunque el debate sobre las modificaciones que en una primera instancia plantearon diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) estuvo cerrado, sobre todo en aquellos artículos que hacen referencia a la existencia de la banca-seguro, el proyecto contiene una serie de disposiciones que vendrían a proteger a quienes adquieren una póliza de cualquier tipo y finalidad. Los parlamentarios que formaron parte de la discusión interna en el Palacio Legislativo antes de que se incluyera entre las normas que el Ejecutivo aprobará eventualmente vía decreto y que incluso mantuvieron los debates con los representantes del Ministerio de Finanzas una vez que pasó a la lista de la Habilitante, desconocen el estado actual de la reforma de ley. Aseveran que ya todo lo previsto fue entregado a la Presidencia de la República, por lo que argumentan que es poca la información que pueden dar en estos momentos sobre el estatus y futuro cercano de la ley que rige a las aseguradoras. "Ya el debate concluyó. Todas las modificaciones fueron presentadas y discutidas hace ya varios meses y sólo se espera por la aprobación del Ejecutivo. No sorprenda a nadie que el paquete de leyes sea finalmente aprobado y se anuncien los decretos en una misma semana, pero no tenemos datos certeros sobre cuál será el destino de todos los debates que realizamos", refiere uno de los diputados, quien solicitó no ser identificado. Darle el visto bueno y el decreto posterior de forma veloz a éste y a los demás instrumentos legales que el Gobierno tiene pendientes es al parecer la única vía que da esperanza incluso a los propios parlamentarios, ya que en julio vence la potestad del Ejecutivo para decretar estas leyes. Pero esto no es nada nuevo. Cinco años han transcurrido desde que se le pudo haber dado el ejecútese a este proyecto. Al igual que la reforma a la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras, los cambios al texto legal de Empresas de Seguros y Reaseguros han pasado por instancias legislativas y más recientemente, por el alto Gobierno. Las propuestas vienen arrastrándose desde 2003, cuando la AN la aprobó en primera discusión. En 2005, se retomó el debate y se argumentó que el retraso fue originado por el saboteo de la oposición, pero una vez que el Parlamento se volvió "rojo-rojito" se le dio luz verde en segunda discusión. Nunca se sancionó. En 2007 pasó a engrosar la lista de leyes de la Habilitante. Durante la media década, mientras se postergaban y se aprobaban artículos, miembros del sector seguros más de una vez denunciaron que no fueron incluidos en las discusiones. Esto a pesar de que los miembros del Poder Legislativo involucrados en los debates, en cada momento que se acercaba el beneplácito de la segunda discusión, aseveraban que se habían realizado todas las consultas públicas, obligatoriamente necesarias para sancionar el instrumento. Pero ahora -si se llega a dar- la luz verde vendrá por la vía del Decreto Presidencial. NO A LOS INTERMEDIARIOS El proyecto de reforma que se plantea en torno al estatuto de las aseguradoras prevé la restricción de los intermediarios al momento de vender las pólizas estableciendo que serán únicamente los corredores y productores -quienes estudiaron para ello- los que podrán colocar los contratos. La modificación, además de garantizar más plazas de trabajo a quienes conocen este ramo, permitiría que los asegurados tuvieran un trato más directo y especializado no sólo a la hora de adquirir la póliza, bien sea de vehículo, de vida o de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), sino al momento de hacer los reportes, plantear reclamos o pedir celeridad en los procesos que están vinculados a esta actividad, como la clave de acceso para ingresar en una clínica o la reparación de un vehículo. Esta materia en particular (la de la celeridad) es la que más recientemente se ha puesto sobre el tapete, aunque sea por unas horas, cuando parlamentarios y otros representantes gubernamentales han dado a conocer ante la opinión pública la necesidad de acelerar los servicios médicos que se brindan por medio de pólizas de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM), disminuir los procesos burocráticos al momento de dar una clave de acceso, el costo de los servicios para los asegurados y el largo tiempo que deben esperar quienes tienen que reparar su carro. Todos han apelado a los cambios del estatuto, y a pesar de ello, no terminan de concretarse. Otro punto que han agregado los parlamentarios inmersos en estas propuestas, como Simón Escalona y Rafic Souki, es que, al eliminar los intermediarios, los costos de las pólizas deberían disminuir, lo que redundaría en un beneficio directo para todo tipo de asegurado. En el caso especial de los vehículos, se estaría también restringiendo la práctica actual que aplican los concesionarios de "recomendar" (entre comillas porque se termina convirtiendo en una obligación) una empresa de seguros en particular. Han denunciado usuarios y los mismos diputados que las agencias mantienen convenios con algunas compañías aseguradoras que generan altas comisiones para los comercializadores de los carros. Esto, además del alza de la póliza, limita la atención especializada de quienes están comprando su automóvil. EL RECHAZO El tema de las modificaciones planteadas a la ley sobre la existencia de la banca-seguro fue el que hizo que muchos especialistas -en su mayoría vinculados a instituciones financieras- pegaran el grito al cielo, pues se prevé en el proyecto que estas empresas en particular estarían obligadas a contratar productores o corredores que asesoren a los clientes. Esta iniciativa, de acuerdo con quienes la rechazaron, sería el inicio de la eliminación de este esquema de compañías, pues a su juicio se estaría atentando contra la rentabilidad de las mismas. En junio de 2006, cuando la reforma estaba lista para su aprobación en el Parlamento y esperaba por el visto bueno de Finanzas para su sanción, esta propuesta hizo que surgiera un nuevo debate, pues en el ministerio no estaban de acuerdo con la medida. Sin embargo, en la actualidad, los diputados entrevistados insisten en que tal planteamiento debe ser incluido en el instrumento legal, para "de una buena vez darle la fortaleza al débil jurídico de este asunto: los asegurados". INCLUIR COOPERATIVAS Los planteamientos iniciales para reformar esta ley también incluyeron darle rango legal a las empresas de seguros que se conformen a través de cooperativas. En este sentido, la iniciativa implica que todas las empresas que se establezcan bajo esta modalidad deben estar jurídicamente regidas por esta ley. En su momento (octubre de 2005) las aseguradoras fueron las que encendieron las alarmas al argumentar que si las cooperativas eran incluidas con los mismos parámetros que las grandes empresas, se demarcaría una competencia no tan justa. Los cooperativistas, por su parte, solicitaban que el capital previsto exigido a través de la reforma de la ley debía ser menor al estipulado. En torno a la inclusión de las cooperativas de seguros, los diputados entrevistados en la actualidad aseguraron que ellos mantuvieron la idea, pero hicieron la salvedad de que "todo está a discreción del Presidente", al igual que sucederá con todo el proyecto de reforma.
Fuente: EntornoInteligente.com
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